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OCDE

La OCDE ha dedicado mucho esfuerzo en el desarrollo de sus Directrices sobre precios de transferencia. Estas ayudan a las empresas para evitar la doble imposición, pero también ayudan a las administraciones de impuestos a recibir una parte  de la base imponible de las empresas multinacionales.

El abuso de precios de transferencia puede ser un problema particular para los países en desarrollo, como las empresas pueden aprovecharse de los precios de transferencial para evitar los controles de cambio y la repatriación de los beneficios con muy baja carga tributaria. La OCDE proporciona asistencia técnica a los países en desarrollo para ayudarlos a aplicar y administrar la normativa sobre fijación de precios de una manera ampliamente estándar, mientras que reflejan su situación particular.

Sin embargo, la aplicación de las normas de precios de transferencia basada en el principio de libre competencia no es fácil, incluso con la ayuda de las directrices de la OCDE. No siempre es posible – y, ciertamente, implican dedicar mucho tiempo valioso –  encontrar las transacciones de mercado comparable para establecer un precio de transferencia aceptable.  Pero los sistemas alternativos sugeridos, hasta el momento, resultan muy complejos de administrar.

La alternativa más frecuentemente defendido es algún tipo de fórmula de prorrateo que se reparten las ganancias de toda una empresa multinacional, entre todas sus filiales, independientemente de su ubicación. Pero los no partidarios de esas alternativas sólo tiene que demostrar que sus propuestas son teóricamente “mejor”, pero que son capaces de ganar un acuerdo internacional.  Cuestiones como la forma de repartir el capital intelectual y de I + D entre las jurisdicciones sería discutible.

Con estos problemas se hacen muy difícil llegar a un acuerdo sobre los “ingredientes” de la fórmula adecuada, sobre todo entre las empresas matrices en los países ricos y filiales en los más pobres. El principio de precio de mercado evita estos peligros, ya que se basa en los mercados reales. Es de probada eficacia, que ofrecen las empresas multinacionales y los gobiernos una sola norma internacional para los acuerdos que dan los diferentes gobiernos una participación equitativa en la base imponible de las empresas multinacionales en su jurisdicción y evitar problemas de doble tributación. Por otra parte, es lo suficientemente flexible como para afrontar los nuevos retos, tales como el comercio mundial y el comercio electrónico. Los gobiernos hasta ahora parecen estar de acuerdo: es mucho mejor actualizar el sistema existente que empezar de cero con algo nuevo.

Los sistemas fiscales vigentes en todo el mundo, que hacen efectiva la política económica, son tan variados, como las naciones que la desarrollan, por lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico (OCDE), en un intento por resolver conflictos de doble tributación internacional y evasión fiscal, estableció en sus lineamientos que los grandes grupos multinacionales deberían ser considerados en cada una de sus partes como empresas separadas, a fin que las administraciones fiscales de las jurisdicciones involucradas adopten el pincipio de la fuente respecto a las operaciones realizadas entre compañías relacionadas, para lo cual el país del origen de la renta, tendrá derecho primario de gravaría.

Bajo este punto de vista el control de los precios de transferencia adquiere una importancia fundamental por la posibilidad que estos brindan de mover utilidades entre países o regiones tributarias.